El Salvador fue habitado por diversas culturas indígenas antes de la llegada de los españoles. Los principales pueblos que habitaron el territorio salvadoreño fueron los pipiles, quienes formaban parte de la familia lingüística náhuatl. Los pipiles desarrollaron una cultura rica en tradiciones, con un sistema agrícola basado en el maíz, además de avances en la cerámica y en la organización social.
Las principales ciudades de los pipiles, como Cuzcatlán, fueron importantes centros de comercio y cultura en la región. A pesar de la llegada de los españoles, el legado de la cultura pipil perdura en el idioma y las costumbres de muchas comunidades salvadoreñas.
En 1524, el conquistador español Pedro de Alvarado llegó a El Salvador y sometió a los pueblos indígenas, estableciendo el dominio español en la región. Durante la época colonial, El Salvador formó parte del Reino de Guatemala y fue un territorio marcado por la explotación de los recursos naturales y el trabajo forzoso de la población indígena.
La Iglesia Católica desempeñó un papel fundamental en la colonización, tanto en la evangelización de los pueblos indígenas como en el control social. A lo largo de la época colonial, la economía salvadoreña dependió de la agricultura, especialmente de productos como el cacao, el añil y más tarde el café.
El Salvador proclamó su independencia de España el 15 de septiembre de 1821, y se unió a la República Federal de Centroamérica. Sin embargo, la federación se disolvió en 1839, y El Salvador se estableció como un estado independiente. El siglo XIX estuvo marcado por una serie de inestabilidades políticas, incluyendo conflictos internos entre liberales y conservadores.
En 1841, El Salvador se convirtió en una república independiente, pero las luchas por el poder continuaron durante el siglo XIX. La economía salvadoreña comenzó a depender más del cultivo del café, lo que consolidó el poder de las élites terratenientes y creó una estructura social desigual que perduraría a lo largo del tiempo.
En el siglo XX, El Salvador estuvo marcado por una serie de dictaduras militares y políticas represivas. A partir de la década de 1930, los gobiernos autoritarios se afianzaron en el poder, y en 1979, estalló una guerra civil que duró hasta 1992. La guerra enfrentó al gobierno y sus aliados contra los guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quienes luchaban por la justicia social y la reforma agraria.
La guerra civil tuvo un alto costo humano, con más de 75,000 muertos y miles de desaparecidos. En 1992, los Acuerdos de Paz pusieron fin al conflicto armado y sentaron las bases para una transición a la democracia. Sin embargo, el país continuó enfrentando profundas desigualdades sociales y una violencia estructural que marcaría la historia reciente.
La violencia en El Salvador ha sido un problema persistente, particularmente desde la década de 1990, con la proliferación de las maras, grupos criminales que operan a nivel nacional e internacional. Las maras, como la MS-13 (Mara Salvatrucha) y el Barrio 18, nacieron de la mezcla de jóvenes que, inicialmente, migraron hacia los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, pero terminaron involucrados en actividades delictivas en los barrios urbanos de Los Ángeles.
Al regresar a El Salvador, muchos de estos jóvenes se unieron para formar las primeras pandillas. En los años posteriores, la violencia de las maras se expandió por todo el país, lo que generó una profunda crisis de seguridad. Las maras controlaban vastas áreas urbanas, extorsionaban a comerciantes y familias, y se involucraban en tráfico de drogas, robos y otros delitos. La respuesta del gobierno, que incluyó políticas de mano dura como el plan "Mano Dura" y "Super Mano Dura", no logró frenar la violencia y, de hecho, exacerbó la situación, llevando a más represión y violaciones de derechos humanos.
El gobierno de Nayib Bukele, que asumió el poder en 2019, ha adoptado una postura radicalmente diferente al abordar las maras. Su administración implementó una estrategia de "guerra contra las maras", adoptando medidas de excepción, aumentando la presencia militar y policial en las calles, y promoviendo políticas de encarcelamiento masivo. Bukele también implementó un "Plan Control Territorial", que ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos debido a las denuncias de abusos y violaciones a los derechos fundamentales, como las detenciones arbitrarias y el uso de la fuerza excesiva contra la población civil.
En 2022, Bukele lanzó una "guerra total" contra las pandillas tras un repunte de asesinatos, que resultó en el Estado de Emergencia, suspendiendo ciertos derechos constitucionales y permitiendo la detención de miles de personas sospechosas de estar involucradas con las maras. Aunque el gobierno ha argumentado que estas medidas han reducido significativamente los índices de homicidios, la comunidad internacional y varias organizaciones han expresado su preocupación por el respeto a los derechos humanos, acusando al gobierno de utilizar la violencia como un medio para fortalecer su control político y mediático.
La historia reciente de El Salvador está marcada por luchas sociales, conflictos armados, la violencia de las maras y los esfuerzos del gobierno por imponer un control autoritario. Aunque el país ha avanzado en la consolidación de su democracia, aún enfrenta desafíos significativos relacionados con la violencia, la corrupción y la pobreza. La búsqueda de paz y justicia sigue siendo una prioridad para las generaciones futuras.