El Sahara Occidental, situado en el noroeste de África, es una región desértica rica en fosfatos (el 10% de las reservas mundiales), pesquerías y potencial solar. Su ubicación estratégica entre el Magreb y el África subsahariana lo ha convertido en un territorio codiciado. Limita con Marruecos al norte, Argelia al noreste, Mauritania al este y sur, y el Océano Atlántico al oeste.
La ocupación española (1884-1975) dejó un territorio subdesarrollado, donde los saharauis —nómadas tradicionalmente organizados en tribus— fueron marginados. El 6 de noviembre de 1975, la Marcha Verde, una invasión orquestada por Marruecos con 350,000 civiles y 25,000 soldados, forzó la retirada de España mediante los Acuerdos de Madrid (incumpliendo la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que negaba vínculos de soberanía entre Marruecos/Mauritania y el Sahara).
El 27 de febrero de 1976, el Frente Polisario —fundado en 1973 para resistir al colonialismo— proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Marruecos y Mauritania invadieron el territorio, iniciando una guerra donde el Polisario, apoyado por Argelia y Libia, empleó tácticas de guerrilla. Mauritania se retiró en 1979 tras acuerdos con el Polisario, pero Marruecos ocupó su zona, construyendo un muro de 2,700 km (1980-1987) minado y vigilado por drones, dividiendo el territorio en un 80% ocupado y un 20% controlado por la RASD.
El alto el fuego de 1991 (Resolución 690 de la ONU) prometió un referéndum de autodeterminación supervisado por la MINURSO. Sin embargo, Marruecos ha bloqueado sistemáticamente el proceso, rechazando el censo de 1974 (74,000 saharauis) e insistiendo en incluir a 100,000 colonos marroquíes como votantes. La ONU ha fracasado en imponer sanciones pese a 92 violaciones documentadas del alto el fuego (Informe Secretario General, 2021).
Marruecos explota ilegalmente los recursos: extrae 1.5 millones de toneladas anuales de fosfatos de Bou Craa (ventas por USD 500 millones) y firma acuerdos pesqueros con la UE (2023) que violan sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (2016, 2021). Mientras, 173,000 saharauis sobreviven en campamentos en Tinduf (Argelia), dependiendo de ayuda humanitaria (USD 10 millones anuales de ACNUR).
En 2020, el reconocimiento de EEUU a la "soberanía marroquí" (a cambio de normalizar relaciones con Israel) incentivó a otros 28 países a seguir su ejemplo. La RASD, reconocida por 84 estados y miembro de la Unión Africana, denuncia esto como una traición al derecho internacional.
Los campamentos de Tinduf (Smara, El Aaiún, Auserd, Dajla y Rabuni) albergan a 173,000 refugiados registrados por ACNUR (2023), aunque Argelia estima 200,000. Sin acceso a agua potable (solo 8 litros/persona/día frente a los 50 recomendados) y con una tasa de anemia del 40% en niños (OMS, 2022), la vida depende de la ayuda internacional. España aporta el 30% de los alimentos (Programa Mundial de Alimentos).
La resistencia cultural es clave: las escuelas enseñan en hassanía y español (únicas en el mundo árabe donde el español es lengua oficial), preservando la identidad saharaui. Las mujeres, líderes en la organización social, gestionan el 90% de los comedores comunitarios. "Aquí no hay fronteras entre lo personal y lo político", dice Fatma Mehdi, secretaria general de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis.
La juventud, nacida en el exilio, exige acciones: en 2021, el Frente Polisario retomó la lucha armada tras 29 años de alto el fuego, respondiendo a la ocupación marroquí de Guerguerat. "No queremos ser la generación que perdió el Sahara", declara Mohamed Ali, de 22 años.
Marruecos gasta USD 6 millones anuales en lobby (Foreign Agents Registration Act, EEUU) para promover su narrativa. Francia, su principal aliado, ha vetado 40 resoluciones de la ONU críticas con Marruecos (2000-2023). España, pese a su deuda histórica, respaldó en 2022 el plan de autonomía marroquí, traicionando su neutralidad.
La impunidad reina en los territorios ocupados: según Amnistía Internacional (2023), hay 450 presos políticos saharauis, torturados con descargas eléctricas y simulacros de ahogamiento. Los periodistas extranjeros son expulsados (ej: equipo de la BBC, 2018) y activistas como Sultana Khaya sufren arresto domiciliario.
La RASD cuenta con apoyos clave: Sudáfrica lidera en la UA la condena a Marruecos; México y Nicaragua reconocen su embajada; y el Tribunal Africano de Derechos Humanos falló en 2022 que la ocupación viola el derecho a la autodeterminación.
El conflicto del Sahara Occidental representa uno de los últimos casos de descolonización pendientes en el marco del derecho internacional. El estancamiento actual deriva de tres factores clave: primero, la interpretación divergente del principio de autodeterminación (Marruecos prioriza su integridad territorial, mientras el derecho internacional favorece la consulta a los saharauis); segundo, los intereses económicos en juego (el territorio contiene el 10% de las reservas mundiales de fosfatos y ricas pesquerías); y tercero, las dinámicas geopolíticas regionales (el apoyo argelino al Polisario versus las alianzas occidentales con Marruecos).
Jurídicamente, la situación presenta paradojas significativas: mientras la Corte Internacional de Justicia (1975) y sucesivas resoluciones de la ONU (desde 1965) reconocen el derecho a la autodeterminación saharaui, la comunidad internacional ha permitido que Marruecos consolide una ocupación militar mediante hechos consumados (muro de 2,700 km, traslado de 300,000 colonos). Esta contradicción evidencia las limitaciones del sistema multilateral cuando colisiona con intereses estratégicos.
Las posibles vías de solución incluyen: a) la reactivación del Plan de Arreglo (1991) con un referéndum real; b) negociaciones directas bajo los auspicios del Enviado Especial de la ONU (actualmente Staffan de Mistura); o c) una solución interina de autonomía amplia que preserve la identidad saharaui. Cualquier escenario requerirá presión internacional coordinada y garantías para ambas partes.
Lo que está en juego trasciende al Sahara Occidental: es una prueba para la credibilidad del sistema internacional en la defensa de los principios de descolonización y derechos humanos. La prolongación del conflicto no solo perpetúa el sufrimiento de los saharauis, sino que debilita el marco legal diseñado para prevenir la anexión territorial por la fuerza.